Crecen facilidades para el sector privado en Cuba

Sector privado en Cuba

Por Denisse Cortinas

El desarrollo del sector privado en Cuba dio un paso de avance en los últimos días cuando se conoció sobre la próxima legalización de empresas particulares, una posibilidad antes inexistente en el país y que brinda la oportunidad a los emprendedores de llevar a cabo sus proyectos personales.

Se trata de una propuesta que permite la existencia de pequeños negocios familiares y compañías que serán clasificadas de mediano, pequeño y micro formatos, en dependencia del volumen de las actividades que realicen y la cantidad de trabajadores con los que cuenten.

Esa regulación admitirá no solo a las nuevas empresas sino a otras que ya tienen esa estructura, aunque no cuentan con reconocimiento jurídico. Antes de ser aprobada debe ser analizada por la asamblea del Poder Popular para tomar forma práctica y legal.

Fue la necesidad de movilizar recursos no estatales para la recuperación de la producción y los servicios, el motor impulsor de esta reforma económica que favorece sobremanera a los emprendedores cubanos.

Entre las ventajas fundamentales se encuentra que los trabajadores privados que pertenezcan a esas firmas podrán contar con garantías legales como personalidad jurídica, abastecimiento de insumos, así como políticas tributarias más favorables.

Partiendo del reconocimiento del sector privado en Cuba como una fuente generadora de empleos e ingresos a la población, una forma de economía complementaria a la estatal, esas regulaciones se mueven como un incentivo que brinda mayor seguridad a los propietarios de negocios que hasta el momento funcionan como personas naturales.

En marzo de este año las autoridades cubanas dieron a conocer la cifra de 507 mil personas inscriptas como trabajadores por cuenta propia en la nación mayor de las Antillas, número que parece continuar ascendiendo en los próximos meses.

Esa medida tendrá como resultado más predecible el crecimiento del mercado privado en Cuba y con esto el aumento de la competencia entre este y el sector estatal (priorizado por el gobierno), o la complementación de ambos en función de optimizar la economía nacional.